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19 de junio del 2017

 

Eva Cadena presentó esta mañana una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que le han violado sus derechos debido a que es juzgada al mismo tiempo y con los mismos hechos y presunciones por las instancias locales y federales, lo que está prohibido por la Constitución.

La exlegisladora de Morena acusó a las autoridades de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía de Veracruz por invalidar las pruebas y testigos que podrían comprobar su inocencia, además de que, dijo, es juzgada dos veces por los mismos delitos, tanto en la Fiscalía de Veracruz como en la PGR.

Cadena denuncia que no ha recibido el trato igualitario de quienes instruyen en su contra la declaratoria de procedencia por ser mujer y no pertenecer a ningún partido político.

Acusó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a otros partidos políticos de tener prisa en cerrar su asunto, por lo que se apresuraron en iniciar su desafuero.

“No les conviene hablar” y creen “haber encontrado un caso de sanción ejemplar de bajo costo y alta eficacia”, indicó en un comunicado de prensa.

Insistió en su inocencia y dijo ser víctima de un engaño al ser inducida a aceptar el dinero, no para ella, sino para otra persona y mencionó que estas acciones son realizadas incluso por los directivos de los partidos políticos.

"Los realizan sus dirigentes sin cámaras de video, en cantidades multimillonarias y de forma más común de lo que los ciudadanos piensan; incluso desviando dinero público del Congreso de Veracruz, como lo hizo Javier Duarte", denunció.

Aseguró que peritos comprobaron que los videos en los que fue exhibida recibiendo dinero en efectivo para su campaña y para López Obrador fueron editados.

Cadena pidió que se investigue a la diputada por Morena, Rocío Nahle, así como al diputado Amado Cruz Malpica, a quienes acusó de ser los “verdaderos operadores financieros” de Morena.

La diputada indicó que también presentará ante la Sección Instructora del Congreso Federal en su carácter de prueba superviviente la audiencia de desahogo de pruebas de desahogo de pruebas, en al que se integra la suspensión definitiva otorgada por un juez que prohíbe llevar a cabo cualquier determinación respecto del ejercicio de la acción penal en cualquiera de las carpetas con las que cuentan la Fiscalía de Veracruz.

Asimismo, advirtió que acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para reclamar la violación de sus derechos por el Estado mexicano a través del Poder Legislativo y porque en México “no se prevé ningún recurso efectivo de defensa en contra de las decisiones de los congresos”.